TOKIO (Reuters) - El operador de la central nuclear de Fukushima, destruida tras un sísmo y maremoto hace tres años, comenzó el miércoles a soltar al océano Pacífico agua subterránea que dijo está dentro de los límites legales de seguridad sobre radiación, en un intento de gestionar las enormes cantidades de agua radiactiva acumuladas en la planta.
Tokyo Electric Power (Tepco) pelea una batalla diaria contra el agua contaminada desde que la central fue destrozada en marzo de 2011.
La polémica suelta de agua, aceptada por los pescadores locales después de largas negociaciones, coincide con la ruptura de un sistema de tratamiento para aguas muy contaminadas contenidas en tanques temporales.
También llega en medio de las revelaciones publicadas esta semana por el diario Asahi Shimbun de que la mayoría de los trabajadores de la central huyó durante el peor momento de las fusiones después de que el terremoto y posterior tsunami destruyera los sistemas energéticos y de enfriamiento.
El agua subterránea fluye de las colinas próximas, y unas 400 toneladas entran en los sótanos de los dañados edificios de la planta cada día, según los cálculos de Tepco, mezclándose con el agua altamente radiactiva utilizada para enfriar los reactores.
A continuación, los trabajadores bombean el agua contaminada, la tratan y la almacenan en más de 1.000 tanques temporales en las instalaciones. Los tanques que contienen los líquidos más contaminados están casi llenos, y los trabajadores están construyendo unos nuevos aceleradamente.
Tepco dijo que 560 toneladas de agua subterránea capturada y almacenada antes de entrar en los sótanos se iba a liberar el miércoles utilizando un sistema de circunvalación que lo envía al mar después de comprobar los niveles de radiación.
Con este sistema, Tepco espera desviar al océano una media de 100 toneladas diarias de agua no contaminada.
Los pescadores de Fukushima se opusieron a estos planes durante más de dos años, temiendo que causara más daño a la reputación de la pesca de la zona, hasta que en marzo los sindicatos locales aprobaron el proyecto, calificándolo de una "decisión dolorosa" pero necesaria para gestionar el flujo de agua radiactiva que se acumula en Fukushima.
Muchos de ellos están en paro desde que pusieron en marcha una prohibición voluntaria sobre la pesca en la zona.
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